El Gobierno nacional dispuso la intervención de Corredores Viales S.A, la empresa estatal encargada de la gestión de una parte clave de la red vial troncal del país. La medida fue formalizada este jueves en el Boletín Oficial a través del decreto 224, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, y se da un mes después de que se autorizara el proceso de privatización de las rutas nacionales.

Las autoridades explicaron que el proceso de reorganización al que será sometida la compañía será el paso intermedio hacia la privatización de la misma.

De esta manera, se estableció que la empresa, que depende de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, pasará a estar a cargo de la interventora Anastasia María de los Ángeles Adem. La funcionaria tendrá las facultades que el estatuto le otorga al Directorio y a su presidente, además de las atribuciones específicas enumeradas en el documento oficial.

Entre las tareas asignadas, Adem deberá realizar una auditoría de gestión al inicio y al final de la intervención, evaluar el estado financiero y operativo de la compañía, presentar la rendición de cuentas y elaborar un plan de acción para su reformulación, el cual podrá incluir la modificación del estatuto y deberá ser presentado al Ministerio de Economía para ser revisado y, finalmente, aprobado.

También se le encomendó revisar la administración de compras y contrataciones, disponer una auditoría integral sobre el estado de los corredores viales, y operar y mantener la sociedad durante el período de transición previo a su disolución y liquidación. El decreto le otorga, además, facultades exclusivas de representación de la sociedad, así como la posibilidad de designar y remover personal.

Las autoridades subrayaron que la interventora tendrá la responsabilidad de comunicar a la cartera económica sobre la existencia de irregularidades. “Deberá informar al Ministerio de Economía, con precisión, su significatividad económica y el impacto que ocasiona o ha ocasionado”, indicaron en el texto, a la vez que remarcaron que deberá presentar el total de la información y/o documentación junto a las acciones y medidas propuestas para corregir la situación.

“Desde el inicio de la gestión, esta administración se ha propuesto optimizar los servicios y funciones que corresponden al Estado nacional, en particular para fomentar el transporte de pasajeros y de cargas con el fin de promover la industria, el turismo y la producción agrícola”, resaltaron, al señalar que para “la consolidación de la red de caminos, rutas, autopistas y accesos” se requiere la participación del sector privado.

El proceso de privatización al que será sometida la empresa estatal encargada de manejar las principales rutas del país fue anticipado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, el pasado 14 de febrero. En ese sentido, el Decreto 97/2025, autoriza la privatización total de Corredores Viales S.A., una empresa creada en 2017 para gestionar la construcción, mantenimiento y explotación de varios corredores viales y accesos en Argentina, incluyendo el emblemático Acceso Riccheri a la Ciudad de Buenos Aires.

Corredores Viales S.A., que gestiona más de 6.000 kilómetros de rutas, ha enfrentado serios desafíos financieros en los últimos años. En 2023, la empresa registró un resultado negativo de $142.205 millones y pérdidas acumuladas de $268.676 millones, dependiendo en gran medida de transferencias del Tesoro Nacional para mantener sus operaciones. Además, aproximadamente el 45% de las rutas bajo su administración no se encuentran en óptimas condiciones, afectando la conectividad y seguridad vial en el país.

FUENTE DIB