Las oficinas de Anses de Ramallo registran un importante aumento de trámites por parte de beneficiarios de la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral. Es que el gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) inició una auditoria y ya ha dado de baja o suspendido más de 80.000 pensiones en todo el país.

Según pudo averiguar este medio, en el distrito de Ramallo hay unos 900 beneficiarios de la pensión por invalidez. El pasado sábado 5 de julio de ese universo, unos 320 beneficiarios de Ramallo fueron citados para realizar la consulta médica. Luego, con toda esa documentación, los beneficiarios deben solicitar su turno en el Anses para hacer la presentación formal y así no dejar de recibir el beneficio que consisten en unos 289.000 pesos mensuales.

Según la información publicada por INFOBAE, a nivel nacional hasta ahora, el 60 % de las personas no se presentaron a verificar los requisitos y asegurar que las pensiones sean otorgadas únicamente a quienes lo necesitan.

Por ello, hasta el día jueves a 65.230 personas se les suspendió el beneficio por diferentes irregularidades. Otras 8.207 renunciaron a la asignación estatal de forma voluntaria para evitar un posible juicio, ya que no cumplían con los requisitos. Se dieron de baja 6.643 beneficios más porque los titulares habían fallecido, pero un familiar seguía cobrando la transferencia social.

La auditoría afecta a todas las personas que reciben una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, otorgada bajo la ley 13.478 y el decreto 432/97, y sus modificaciones. La medida “no incluye a menores de edad ni a personas que ya fueron auditadas en 2024”.

Las auditorías son realizadas por profesionales médicos del PAMI y personal de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Los beneficiarios reciben una carta documento con la fecha, hora y lugar donde deben presentarse, según el domicilio declarado cuando accedieron al beneficio. En caso de no responder, se envía una segunda intimación. Si no asisten, se procede a la suspensión.

En ese punto llega la tercera instancia: en el banco donde cobran el beneficio se les informa que no percibirán la asistencia si no regularizan su situación, esto es, comunicarse con la ANDIS para acordar una revisión médica. De no hacerlo, se inicia el trámite para la baja definitiva.

En la auditoría se revisan los documentos que acreditan la condición médica del beneficiario. Por esa razón, es indispensable llevar el Documento Nacional de Identidad, el Certificado Único de Discapacidad (CUD), si lo posee, y los certificados médicos por los que se accedió a la pensión.