El bloque de concejales y concejalas de Fuerza Patria Ramallo salió públicamente a fijar posición frente a la presentación judicial impulsada por la concejala de HECHOS, Cecilia Giammaria, que busca frenar la implementación de la tasa del 2% al combustible destinada al mantenimiento vial. La acción trasladó el debate desde el ámbito legislativo local hacia los tribunales y reavivó la discusión sobre la legalidad y el impacto del gravamen.

A través de un comunicado fechado el 30 de diciembre de 2025, el oficialismo expresó su preocupación por lo que considera un intento de desfinanciar servicios esenciales del municipio. Desde el espacio remarcaron que la tasa fue aprobada por el Concejo Deliberante dentro del marco del Código Tributario local y que posee un destino “único y exclusivo”: el bacheo, la reparación y el mantenimiento de las calles del partido, tal como lo establece el artículo 241 de la normativa vigente.

Sin embargo, la presentación judicial de Giammaria cuestiona la constitucionalidad del tributo y advierte sobre el impacto que el recargo genera en el precio de los combustibles, con efectos directos sobre vecinos y sectores productivos. La concejala también planteó la falta de precisiones sobre el destino concreto de los fondos y la ausencia de un plan público de obras que permita evaluar cómo se utilizarán los recursos.

Fuerza Patria calificó la iniciativa opositora como una contradicción política, al sostener que en otros distritos gobernados por dirigentes cercanos a HECHOS se aplican tasas similares. En ese marco, el bloque ratificó su respaldo al intendente Mauro Poletti y defendió la tasa como una herramienta de autonomía municipal en un contexto de recortes de fondos nacionales.

El oficialismo también cuestionó a Giammaria por “confundir a los vecinos”, mientras la discusión por la tasa vial quedó ahora en manos de la Justicia, que deberá definir su validez y alcance.