El juicio por contaminación ambiental en Pergamino comenzó este miércoles en los Tribunales Federales de Rosario, luego de más de ocho años de instrucción y con nueve imputados entre productores agropecuarios y exfuncionarios.

El proceso, a cargo del Tribunal Oral Federal N.º 2, indaga el uso de agrotóxicos en zonas cercanas a barrios poblados, donde se detectaron altos niveles de glifosato en agua, suelos y en los propios cuerpos de los vecinos. Se prevé la declaración de un centenar de testigos, incluidos médicos, policías, profesionales y habitantes afectados.

La acusación sostiene que las fumigaciones realizadas entre 2011 y 2019 generaron un daño ambiental y sanitario grave, violando normativas de protección e ignorando incluso las escasas distancias establecidas por la ordenanza local.

El fiscal y la querella remarcan que las prácticas investigadas no pueden considerarse actividades privadas amparadas por la Constitución, sino acciones con impacto directo sobre el aire, el agua y la salud comunitaria. Entre los casos emblemáticos figura el de Sabrina Ortiz, denunciante y víctima, cuya familia presentó niveles elevados de glifosato y secuelas asociadas a la exposición crónica.

Las defensas intentaron sin éxito una suspensión del juicio y plantearon desde objeciones de competencia federal hasta la minimización del daño potencial por el tamaño de las parcelas.

Sin embargo, el Ministerio Público y la querella insisten en que existen pruebas científicas y testimoniales que comprometen toda la cadena de responsabilidades: propietarios, fumigadores, ingenieros agrónomos y funcionarios que omitieron controles. La presencia de organizaciones ambientales y referentes de distintas provincias subrayó la expectativa por un fallo que podría marcar un antes y un después.

El avance del proceso es visto como un hito por especialistas y activistas, que señalan la excepcionalidad de juzgar penalmente un modelo productivo basado en el uso intensivo de químicos.

El juicio, que continuará en febrero, podría derivar en penas de entre 3 y 10 años de prisión. Más allá del veredicto, el caso expone la fragilidad del sistema de control estatal y la persistente distancia entre la normativa ambiental y las prácticas reales del agronegocio, evidenciando un problema estructural que trasciende a Pergamino.

FUENTE: La Tecla Info